Ser ciudadano de la Unión

Acudiendo al texto legal, ser ciudadano europeo conlleva los siguientes derechos: circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; el sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que se resida; protección por parte de la autoridades diplomáticas y consulares; derecho de petición ante el Parlamento Europeo; a dirigirse al Defensor del Pueblo; y derecho a ponerse en contacto con las instituciones europeas en una de las lenguas oficiales[1] y recibir respuesta en esa misma lengua.

A mi juicio, lo que hoy conocemos como Unión Europea no tuvo en sus inicios el nombre de Comunidad Económica Europea por casualidad. El derecho a que viajemos, cambiemos de residencia, y lo más importante, trabajemos por Europa, se debe a que vivimos en un sistema capitalista, en el que primero hemos sido mercaderes. Los derechos de todos los ciudadanos de la Unión han estado supeditados al ejercicio de una actividad económica: no tienes permiso de residencia sin trabajo, no tienes Seguridad Social sin trabajo, no tienes pensión digna sin trabajo, por no decir de la paupérrima situación de las becas y apoyo a estudiantes: tampoco estudias si no tienes trabajo, en lugares no tan lejanos. Tanto en Roma como en Ámsterdam y en Lisboa, el derecho social está supeditado a partidas presupuestarias de la Unión. Para Marshall, la ciudadanía es indispensable en el sistema capitalista porque al éste generar desigualdad, sólo puede sobrevivir (que el proletariado no lo haga «saltar por los aires») si hay unos derechos de ciudadanía que generan igualdad como mínimo jurídica y política, por lo que el Estado de Bienestar es el amortiguador.

Fue la Declaración de Copenhague (diciembre de 1972) la primera que se refirió a las personas y no sólo a los Estados o países. Situó la meta de la acción común en construir una sociedad concebida y relacionada al servicio de los hombres, cuya identidad no fuera otra que la fundamentada en los principios de la democracia representativa, el imperio de la ley, la justicia social, el progreso económico y el respeto a los Derechos del hombre.

La Cumbre de París (diciembre de 1974) planteó la construcción de esa Europa y encargó un informe que pasaría a llamarse Tindemans[2], donde distinguimos dos líneas de acción: la protección de los derechos del individuo y el establecimiento de medidas a través de las cuales fuera perceptible, mediante señales externas, el nacimiento de una conciencia europea. Quiso atribuir a los ciudadanos de la Unión una serie de derechos que hoy nos parecen imprescindibles: Pasaporte Único (propuesto por el Primer Ministro italiano Giulio Andreotti en 1972); garantizar la igualdad para acceder a la función pública y que los miembros de la Asamblea Común de las tres Comunidades dejaran de ser designados por los Parlamentos Nacionales y pasaran a ser elegidos por sufragio universal directo. Así llegamos a 1979, las primeras elecciones al Parlamento Europeo, y vemos cómo llevó a las formaciones políticas a constituirse en partidos transnacionales.

Fue en la Cumbre de Fontainebleau (junio de 1984) cuando se crea el famoso comité ad hoc, Adonnino[3], donde destacamos el interés por promocionar la libre circulación; homologar los títulos profesionales –muy importante para la actual «movilidad exterior» de los jóvenes del sur de Europa–; el derecho de residencia –atribuible a trabajadores no cualificados–, atendiendo a la situación familiar; y el voto municipal por residencia. Debemos destacar que aún no se hablaba de ciudadanía comunitaria, sino de derechos especiales de los ciudadanos.

Altiero Spinelli, al elaborar el Proyecto de Tratado de Unión Europea (aprobado en febrero de 1984), acuñó la ciudadanía europea: todos los ciudadanos de los Estados miembros son por dicho motivo miembros de la Unión. Esto les da el derecho a participar en la vida política europea. El compromiso se materializaría profundamente en Maastricht con el Tratado de la Unión Europea de 1992, cuando la regulación de la ciudadanía europea obtuvo carta de naturaleza en los Tratados.

En 1986, con el Acta Única Europa, ya se había profundizado mucho más en la supresión de las fronteras (el acuerdo Schengen se firma en 1985 y entra en vigor en 1995), siendo crucial la libre circulación de personas, mercancías, prestación de servicios y por supuesto capitales (esto último tiene un peaje demasiado libre para muchos economistas). Y como todo reconocimiento de un nuevo derecho precisa de una institución, se reforzó la capacidad del Parlamento Europeo y se mejoró la calidad del Tribunal de Justicia, creando un Tribunal de Justicia de Primera Instancia.

Volviendo al ya mencionado Maastricht, en él se otorga a todos los ciudadanos de los Estados miembros el derecho de libre circulación y residencia en todo el territorio de la Unión; el derecho a votar y ser votado en las eleccciones municipales y europeas; acogerse a representación consular o diplomática de cualquier otro Estado miembro –en lugar del propio si no estuviera–; y el derecho a elevar peticiones ante el Parlamento Europeo y dirigirse al Defensor del Pueblo. Esto nos lleva a destacar el intento de que la Unión actúe a favor de los ciudadanos, que las decisiones se tomen de forma más próxima a ellos.

El carácter económico de Europa como una economía a escala competitiva en el mundo no desaparece, puesto que en 1993, con los Criterios de Copenhague, se recogen los requisitos que se han de cumplir para ser miembros de este selecto club: ser un Estado democrático de derecho, respetar los derechos humanos y a las minorías y… estar en condiciones de competitividad económica tanto dentro como fuera de la Unión, contando con una economía de mercado. Además, en términos generales, para adoptar el Euro como moneda deben alcanzar, según Maastricht, la estabilidad de precios, un déficit poco excesivo, un tipo promedio de interés nominal establecido, todo ellos especificados y pautados[4].

Por su parte, el Tratado de Ámsterdam nos trae en 1997 la esperanza de que los derechos de los ciudadanos sean el verdadero eje de la Unión Europea, que se actúe ahí donde los ciudadanos lo demanden. No sólo potencia los derechos individuales con nuevas disposiciones, sino que establece mecanismos de control al respecto y sujeción a la jurisdicción del Tribunal de Justicia. Promoviendo además la protección de los derechos a la salud, al consumo y a la información (éste último importantísimo para la transparencia de las instituciones europeas y su esfuerzo por reducir el déficit democrático). Y cómo ya he apuntado antes, entra en vigor Schengen, el paso decisivo hacia la Europa de los ciudadanos al realizarse plenamente la libre circulación de personas.

El Tratado de Niza (2001) proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y aumenta el número de escaños en el Parlamento Europeo a 732, lo que dota a la cámara europea de mayor proporcionalidad. Terminamos con el Tratado de Lisboa, que dota a la UE de personalidad jurídica propia. Entre otras cosas, nos importa aquí que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea adquiere vinculación jurídica[5].

La decisión 2007/252/CE del Consejo de la UE establece un programa de “Derechos fundamentales y ciudadanía”, el cual se extiende entre 2007 y 2013. Tiene por objeto el desarrollo de una sociedad basada en el respeto de los derechos fundamentales, y prevé acciones realizadas por la Comisión Europea, los países y las organizaciones no gubernamentales[6].

Volviendo a la consideración del concepto ciudadano, es crucial entender que la ciudadanía no es posible sin la exclusión. Parece paradójico pero no hay más que salir a la calle para saber los que nos une a unos, y lo que nos separa de otros. Existe pues un dilema europeo[7]: hay que elegir entre un ideal democrático y unas prácticas discriminatorias con los extracomunitarios. La pretensión de José María Aznar, siendo presidente del Gobierno español, de incluir en el Preámbulo de la Constitución Europea una referencia explícita a la herencia cristiana de Europa, es un claro ejemplo como al unirnos bajo ese paraguas, dejamos que se mojen los turcos. Apunto esto porque leyendo a Carmen de la Guardia aprendí eso del prisma «lokeano», en el que cuando un grupo consigue derechos, otro los pierde (paradójico hablar de grupo cuando que se cree que los derechos humanos son individuales). De ahí que países con un Estado de Bienestar desarrollado manifiesten inquietudes ante la inmigración ilegal o las minorías, puesto que se han construido y cohesionado en contra de otros.

Aida dos Santos

[1] Las lenguas oficiales y de trabajo en la Unión Europea son: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.

La situación lingüística de la Unión Europea es la siguiente: (1) Lenguas habladas en Europa por más de 10 millones de personas: alemán 90 millones, francés 60 millones, inglés 64 millones, italiano 58 millones, español 40 millones, polaco 39 millones, neerlandés 19 millones, húngaro 11 millones, griego 10 millones y checo 10  millones. Y ya fuera de los limites de la Unión: ruso 112 millones, ucraniano 52 millones y bielorruso 10 millones. (2) Lenguas habladas por entre 1 y 10 millones de personas: búlgaro 8,3 millones, catalán 7 millones, eslovaco 5,4 millones, finés 5,2 millones, danés 5 millones, moldavo 4,5 millones, lituano 3,7 millones, letón 2,4 millones, gallego 2,4 millones, occitano 2,1 millones, esloveno 2 millones, estonio 1,6 millones, sardo 1,3 millones. Y ya fuera de los límites de la Unión: georgiano 5,4 millones, armenio 3,5 millones. (3) Lenguas habladas por menos de un millón de personas: vasco o euskera 600.000, galés 600.000, maltés 400.000, frisón 400.000, friulano 400.000, luxemburgués 300.000, bretón 180.000, corso 123.000, turco 177.000 (en Chipre), etc.

En Documento de Trabajo de Miguel Sugal, 39/2004 http://ribei.org/683/1/DT-039-2004-E.pdf (15 de mayo de 2013).

[2] Fue encargado al Primer Ministro belga, Leo Tindemans y de él toma su nombre.

[3] Debe el nombre al eurodiputado italiano Sr. Adonnino, Presidente del Comité ad hoc Europa de los Ciudadanos.

[4] Los Estados miembros deberán tener una tasa de inflación, observada durante un período de un año antes del examen, que no exceda en más de un 1,5% la de los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios. Se medirá utilizando el Índice de Precios de Consumo (IPC) sobre una base comparable, teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales. Además, la posición financiera de las Administraciones Públicas debe ser sostenible, sin un “déficit público excesivo”, lo que significa que la proporción entre el déficit público previsto o real y el Producto Interior Bruto (PIB) no sobrepase el 3%, a menos que la proporción haya descendido sustancial y continuadamente y llegado a un nivel que se aproxime al valor de referencia o que el valor de referencia se sobrepase solo excepcional y temporalmente, y la proporción se mantenga cercana al valor de referencia. La proporción entre la deuda pública y el PIB no debe rebasar el 60%, a menos que la proporción disminuya suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.

La estabilidad del tipo de cambio quiere decir que los Estados miembros deben haber observado, sin tensiones graves y por lo menos durante los dos años anteriores al examen, los márgenes normales de fluctuación dispuestos por el Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo (SME). En particular, no deberán hacer devaluado, durante dicho período, por iniciativa propia, el tipo central bilateral de su moneda respecto de la de ningún otro Estado miembro. Por último, respecto a los tipos de interés a largo plazo, observados durante un período de un año antes del examen, el tipo promedio de interés nominal a largo plazo no debe exceder en más de un 2% el de los tres Estados miembros con mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios. Éstos se medirán con referencia a los bonos del Estado a largo plazo u otros valores comparables, teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales. Disponible en: “Qué hace falta para entrar en la Unión Europea”, en ETCETER, http://www.etceter.com/c-conocimiento/p-que-hace-falta-para-entrar-en-la-union-europea/ (visitado por última vez el 10 de mayo de 2017).

[5] Esta secuencia cronológica la he extraído de Paricio Aucejo, Pedro (2002): “Tratamiento de la Ciudadanía en la Legislación Comunitaria”, Unión Europea y Sociedad Civil, 3 (2), Valencia: Universidad Cardenal Herrera-CEU, pp. 88-91.

[6] Bartolomé Cenzano, José Carlos de (2012): “La protección europea de los derechos fundamentales” en Colomer Videl, Antonio (coord.): Un nuevo rapto de Europa. Las encrucijadas del Tratado de Lisboa, Valencia: Hathi Estudio Creativo, pp. 113 y 115.

[7] Martinello, Marco (1998): “Inmigración y construcción europea: ¿hacia una ciudadanía multicultural de la Unión Europea? (sic)”, en Juárez Pérez, Pilar: Nacionalidad Estatal y ciudadanía europea, Madrid: Marcial Pons, p. 268.

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