La ciudadanía europea

El hecho de que tanto los derechos como las obligaciones que lleva consigo la pertenencia a la ciudadanía sean mutables hace que sea una tarea difícil describirla. La ciudadanía es un concepto normativo controvertido para el que no existen definiciones universales: T. H. Marshall (1998) lo denominó como un estatus social o de miembro que es codificado legalmente y confiere a los individuos que poseen ese estatus de miembro, tanto derechos como deberes en la forma de participación activa en los asuntos públicos[1].

Para Aguado i Cudolà (2009), el concepto ciudadanía desempeña cuatro funciones: a) identificar a las personas que forman parte de una comunidad política, con un estatus definido por derechos y deberes; b) sistematizar explicando y dando coherencia a normas, las cuales definen la posición de los ciudadanos en relación a las autoridades públicas y el resto de los miembros de la comunidad, una coherencia que evite la aplicación fragmentaria de las reglas; c) legitimar las instituciones públicas que gobiernan y administran; y c) una función normativa que da contenido a la posición de los ciudadanos en relación con los diferentes niveles de poder y establece los límites a los intereses legítimos de los Estados, y también permite comparar la situación jurídica del ciudadano con el resto de miembros de la comunidad[2].

Siendo Felipe González presidente del Gobierno, se hizo en 1990 un memorándum en el que se señalaba que la noción de ciudadanía se configuraba en la dimensión dinámica o progresiva de derechos, los «especiales básicos» (elección de residencia y participación política), y los «nuevos derechos» (protección diplomática, derecho de petición, reconocimiento y validez del servicio militar).

Aunque cuando se firmó la Declaración sobre la Identidad Europea en Copenhague (1973) se hablaba de una «diversidad de culturas», se recalcaba igualmente una civilización europea común.  La inclusión social a través de la ciudadanía está estrechamente relacionada con formas étnicas y nacionales de exclusión, y la sociedad europea del Siglo de las Luces continuó la práctica de exclusión de la polis griega, combinando las delimitaciones antiguas con un categórico universalismo iusnaturalista[3].

No debemos olvidar lo que importaba el día que se empezó a hablar de Europa: la reconstrucción de un continente devastado y que dejásemos de resolver las diferencias a cañonazos. Se puso sobre la mesa una unión comercial, un control de las materias que habían llevado la muerte y la gloria (el carbón y el acero), aprovechar las economías de escala entre Alemania y Francia.

La ciudadanía europea se materializa en el Tratado de Maastricht  (1992, Parte 2, Art. 9), y lo hace dándonos las claves de cómo se llega a ser un ciudadano europeo: siendo nacional de un Estado miembro. Es más, esto no reemplaza a nuestra ciudadanía nacional, la complementa. Quedando esto claro, es una misión importantísima acercarnos a los ciudadanos europeos y que conozcan qué tienen unos derechos como tales, que pueden incluso ser mejores que los nacionales.

Pero nos enfrentaremos a la paradoja de que el concepto de ciudadanía debe verse como una relación dialéctica, una tensión entre la universalidad de derechos y la exclusión de parte de los residentes en un Estado. Cada día vemos lo complejo que puede ser diferenciar la sociedad civil del Estado.

Aida dos Santos

[1] Wehr, Ingrid (2006): “Hemos construido Europa, ¡ahora construyamos a los europeos!”, en Bravo Villalobo, Paula, comp.: La Europa de hoy: consideraciones políticas, jurídicas, económicas y medioambientales, Chile, Programa de Estudios Europeos, Universidad de Concepción, p. 57

[2] Aguado i Cudolà, Vicenç (2009): “El sistema para la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia: los nuevos derechos de ciudadanía”, en Aguado i Cudolà, Vicenç (Coord.): Servicios sociales, dependencia y derechos de ciudadanía, Barcelona, Atelier.

[3] Wehr, Ingrid, op.cit.

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