La insoportable levedad de los presupuestos europeos

© Parlamento Europeo

El pasado 2 de mayo la Comisión Europea presentó en el hemiciclo del Parlamento Europeo el proyecto de Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027. En realidad, cuando hablamos del Marco Financiero, nos referimos al establecimiento del techo máximo de gasto que pueden alcanzar los presupuestos anuales de la Unión Europea (art. 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Sí, todo muy técnico, pero no por ello menos importante: se trata de determinar cuánto dinero va a poder gastarse la Unión Europea durante esos siete años. La ocasión era todavía más señalada por tratarse del primer proyecto de Marco Financiero elaborado después del Brexit.

Como todo en la UE, sin embargo, esta presentación no es más que el primer acto de un largo proceso de negociaciones –generalmente a cara de perro– entre el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados todos los Estados miembros de la Unión, y el Parlamento Europeo, que representa a sus ciudadanos. El conflicto está servido, pues el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige que ambas instituciones estén de acuerdo para aprobar los presupuestos. Será todo un desafío llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, tal y como pretende la Comisión.

Por si fuera poco, este Marco Financiero tiene que hacer frente al agujero que deja la salida del Reino Unido (prevista para marzo de 2019), contribuyente neto que aporta en torno al 20% de los fondos de la UE. Aunque Francia y Alemania han manifestado estar dispuestos a contribuir más para compensar, probablemente no será suficiente. Y ahí está la madre del cordero, puesto que todavía hoy, la mayoría de los ingresos de la Unión Europea proceden de las contribuciones directas de los Estados miembros. A pesar de las demandas del Parlamento Europeo y de los propios planes de la Comisión de ingresar más gravando diversas emisiones contaminantes, los recursos propios de la UE siguen siendo muy insuficientes (en torno a un 12% del total del Marco Financiero).

Por tanto, sólo hay dos maneras de cuadrar las cuentas: reduciendo el techo de gasto total, como solicitan Estados del norte como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria, o aumentando las contribuciones nacionales mediante la reducción de las diferentes exenciones de los que disfrutan los países citados. Finalmente, la Comisión ha optado por elevar levemente el tamaño total del Marco Financiero (aunque no tanto como exigía el Parlamento Europeo y los países mediterráneos), pero reduciendo las partidas destinadas a sus dos grandes vacas sagradas: la Política Agrícola Común (37% del gasto) y los Fondos de Cohesión (35% del gasto). También es muy interesante que hayan aumentado las partidas de Erasmus + (30.000 millones de euros) y que se haya establecido por primera una partida de defensa de 13.000 millones de euros. Igualmente, la Comisión quiere condicionar el reparto de los Fondos de Cohesión al respeto por el Estado de Derecho, en clara referencia a Polonia.

En cualquier caso, el Marco Financiero sigue siendo insoportablemente leve en comparación con las dimensiones económicas de la UE: 1,3 billones de euros, tan sólo un 1,11% de su PIB. En definitiva, hay muy poco dinero que repartir para todo lo que se quiere gastar. Por un lado, tanto el Marco Financiero como los presupuestos anuales están configurados como juegos de suma cero: lo que gana un Estado, lo pierde otro, dada la resistencia de los Estados más prósperos a contribuir más. Por otro lado, una vez más la arquitectura institucional de la UE lleva inevitablemente al choque de legitimidades entre los Estados miembros (que sólo responden ante sus electorados nacionales) y el Parlamento Europeo (que representa a la ciudadanía de toda la Unión). El principal obstáculo es que las decisiones del Consejo se tienen que tomar por consenso o unanimidad, mientras que el Parlamento se rige por el principio de la mayoría. El resultado habitual: agrios compromisos que no satisfacen a nadie, sin la suficiente transparencia y con la mayoría de los ciudadanos sintiéndose ajenos al proceso.

Como JEF lleva defendiendo desde hace décadas, la aprobación de los presupuestos sería mucho más fácil si el Consejo de la Unión Europea se transformase en una auténtica segunda Cámara legislativa. Con capacidad de veto, sí, pero regida por el principio de la mayoría, como ya pasa actualmente con el Parlamento. En definitiva, como en tantas otras áreas, un auténtico sistema federal no sólo sería mucho más satisfactorio, sino que está al alcance de la mano de la Unión Europea.

Andrés Sánchez Padilla

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